Por GREGORY N. HEIRES

El arreglo de una importantísima demanda de clase nacional presentada por el Plan de Salud y Seguridad del DC 37, el Fondo de Prestaciones Médicas de los Carpinteros de Nueva Inglaterra y otros dos sindicatos pondrá fin a un precio ilegal al arreglar una treta que les ha costado billones de dólares a los consumidores y a los planes de prestaciones en los últimos 3 años.

Este arreglo sin precedentes eliminará un parámetro de precios fraudulento para determinar cuánto pagan los planes médicos y los asegurados por medicinas recetadas. Al conducir a un 4% de retroceso en el precio de cientos de medicinas que representan el 95% de ventas al menudeo de marcas en la nación, este arreglo ocasionará un ahorro aproximado de 4 billones de dólares.

“Estamos orgullosos de haber encabezado la protección del vital plan de medicinas para nuestros miembros, al participar en esta demanda”, indicó la directora ejecutiva del DC 37 Lillian Roberts.

Ahorros para DC 37
“Esta demanda expuso la manipulación de los precios de medicinas de marca, la cual sistemáticamente aumenta, y es una práctica que extirpó recursos a nuestro plan y que a fin de cuentas desfalcó fondos de los bolsillos de nuestros miembros”, dijo Rosaria R. Esperón, administradora del plan del sindicato. Esperón calcula que el retroceso del precio le podría ahorrar al plan tanto como 1 millón de dólares al año.

El DC 37 y los otros 3 sindicatos trabajaron en la demanda con el órgano de litigación para acceso a medicinas Prescription Access Litigation Project del grupo Community Catalyst, con sede en Boston, y que es una coalición nacional de más de 120 grupos locales, estatales y nacionales de ancianos, sindicalistas y consumidores de defensa de la salud, que en 35 estados luchan por hacer económicas las medicinas.

La demanda acusó a la McKesson Corp., una de las más grandes vendedoras de medicinas del país, por conspirar con el First DataBank, líder en la publicación de precios de medicinas, para subir artificialmente los precios de los medicamentos.

First DataBank establece “el precio promedio de venta al mayoreo” de las medicinas recetadas, lo cual determina cuánto pagan las aseguradoras y los planes médicos por ellas. Normalmente, las farmacias compran las medicinas con base en el “costo de adquisición al mayoreo” más bajo.

Dentro de la industria farmacéutica, la diferencia entre el precio promedio y el de adquisición se conoce como “la extensión”, y les da a las farmacias el volumen de sus ganancias. Al haber conspirado por aumentar la extensión en un 5% a partir de 2002, First DataBank y McKesson elevaron bruscamente el costo de las medicinas, lo que dio lugar a la demanda.

La demanda aún recibe presiones de McKesson. First DataBank, una división de la poderosa casa editorial Hearst Corp. que distribuye datos sobre precios de medicinas mediante publicaciones electrónicas e impresas, aceptó llegar a un arreglo.

Durante años, First DataBank alegó que llegó a ese precio promedio al mayoreo mediante encuestas a los mayoristas de medicinas, pero por lo menos desde 2002 presuntamente sólo se basó en McKesson. La demanda sugiere que las dos firmas pusieron el precio arreglando una estratagema para darle solidez a First DataBank como la editora líder en precios de medicinas y favorecer a los clientes menudistas de farmacias de McKesson.

Cuando First DataBank impulsó el parámetro en 2002, McKesson previó que las ganancias de las farmacias volarían por los cielos. Por ejemplo, McKesson dijo que la ganancia de 90 pastillas de la medicina de colesteror Lipitor escalaría de $6.86 a $17.18 y que la ganancia por 100 pastillas de la medicina antialérgica Allegra subiría de $3.97 a $8.16.

En el arreglo, First DataBank aceptó dejar de usar el parámetro de precio promedio al mayoreo dentro de dos años.

“La demanda es muy emocionante porque hicimos algo a escala nacional para defender al pueblo trabajador”, dijo la abogada del Plan de Salud y Seguridad del DC 37 Audrey Browne. “Esto beneficia a todos los consumidores y ciertamente protege los planes de prestaciones como el nuestro. La demanda demuestra que vamos a perseguir enérgicamente la manipulación de precios que daña
los intereses económicos de nuestros miembros y jubilados”.