El distrito financiero de San Juan estaba desierto, y las escuelas por todo Puerto Rico cerraron el 15 de octubre, cuando 200 mil trabajadores tomaron las calles en lo que fue la más grande manifestación realizada jamás en la isla, como parte de una huelga general y del día nacional de protesta contra los recortes masivos de empleos en el sector público. El gobernador republicano Luis Fortuño — el George Bush de Puerto Rico — amenazó con arrestar a los manifestantes calificándolos como terroristas según la Ley Patriótica. Fortuño despidió a 8 mil trabajadores del gobierno en junio y julio, y dijo que recortaría los empleos de otros 17 mil en noviembre, y que cerraría 40 agencias gubernamentales.

El sindicato matriz de DC 37, la Federación Americana de Empleados Estatales, de Condados y Municipales (AFSCME, por sus siglas en inglés), representa a 22 mil empleados gubernamentales del Concilio 95 de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico.

El presidente de la AFSCME, Gerald W. McEntee, formó parte de las protestas, y el sindicato contribuyó $200,000 a la causa. Mientras los trabajadores sindicalistas y sus partidarios paralizaron San Juan, el movimiento labora y los funcionarios públicos electos de Nueva York, Pennsylvania y Chicago hicieron manifestaciones en defensa de los trabajadores puertorriqueños y exigieron al gobernador que cancele los despidos. El día de la manifestación aquí los miembros de DC 37, de Trabajadores Automotrices Unidos, del 1199 del SEIU y del consejo municipal se congregaron en las escaleras de la sede del gobierno municipal a denunciar el plan del gobernador Fortuño.

“Sabemos por lo que están pasando nuestros compañeros puertorriqueños”, dijo a la multitud la directora ejecutiva de DC 37, Lillian Roberts. “Tenemos un alcalde al que tampoco le importan nuestros empleados públicos y que derrocha en contratos privados el dinero de la gente que paga impuestos, mientras que despide a nuestros miembros”.

“Lucharemos contra cualquier intento por acabar con el movimiento laboral y los contratos colectivos de trabajo en Puerto Rico”, dijo Sonia Ivany, presidenta de la Sección de la Ciudad de Nueva York del Consejo Laboral por el Avance Latinoamericano.

La Ley Pública No. 7 de Fortuño declaró en marzo un estado de emergencia fiscal, además de que suspendió los derechos de contrato colectivo de los empleados públicos, pero la legislatura ha revertido esa parte de la ley.

El consejo municipal de Nueva York aprobó una resolución presentada por los concejales Rosie Méndez, Melissa Mark-Viverito y John Liu, la cual llama a Fortuño a reunirse con los sindicatos para hablar de soluciones alternativas a la crisis fiscal de la isla.

Como la recesión en Puerto Rico va en su cuarto año, los despidos impuestos por Fortuño podrían elevar la actual tasa de 16% de desempleo, lo que es más que en cualquier estado de los E.U. Este empresario respaldó a Bush y alegó que crearía empleos privatizando al gobierno y recortando impuestos, pero la crisis económica ahí se ha profundizado. Los despidos forman parte de su estrategia para convencer a Wall Street de que no degrade los lazos de su gobierno a la condición de “basura”.

— Alfredo Alvarado