Conocida por sus playas tropicales y sus exuberantes montañas verdes, la isla de Puerto Rico esta atrapada en una encendida batalla entre el gobernador Luis Fortuño y una coalición de activistas ambientalistas y sindicalistas que están tratando de detener su plan para la construcción de un gasoducto de distribución masiva de gas natural de 92 millas.

Este proyecto de 450 millones de dólares cruzaría montañas, ríos y tierras húmedas desde Gayanilla en el sur, pasando por Arecibo en el noroeste, hasta el área metropolitana densamente poblada de la capital, San Juan.

Los activistas manifiestan que el gasoducto propuesto expondría a millones de personas a explosiones y pondría en peligro sitios arqueológicos, ecosistemas delicados y recursos forestales y acuíferos. El gobernador lo llama Vía Verde y alega que ahorrará costos de energía en un 30%. Pero el congresista Democrata de Illinois Luis V. Gutiérrez ha exigido que se formule una declaración federal sobre impactos ambientales, y ha llamado al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos a hacer un examen detenido, transparente y justo del proyecto del gobernador.

Activistas laborales de la Ciudad de Nueva York están involucrados en el intento por parar el proyecto y han protestado frente a las oficinas de la USACE en el núm. 26 de Federal Plaza, así como frente a la Casa Blanca.

"Tenemos miles de compañeros y compañeras de la unión sindical cuya vida está en peligro si se construye este gasoducto", manifestó David Galarza, de la Asociación de Empleados de Servicio Civil, Sindicato Local 1000 del sindicato nacional de DC 37, la Federación Americana de Empleados Estatales, de Condados y Municipales. El año pasado, Galarza fue detenido en una protesta frente a la Casa Blanca.

"El movimiento laboral, los ecologistas y los activistas sociales están trabajando juntos en coalición y haciendo que se escuchen nuestras voces", manifestó Santos Crespo Jr., presidente del Sindicato Local 372 y del Comité de la Herencia Latina de DC 37.

—Alfredo Alavardo