Por LILLIAN ROBERTS
Directora Ejecutiva de DC 37

Este año, la administración de Bloomberg tiene que poner un fin a su práctica acostumbrada de aprobar contratos millonarios con muy poca supervisión pública y sin ningún análisis de beneficio de los costos.

El 8 de diciembre, el Consejo Municipal votó unánimemente por anular el veto del alcalde Michael R. Bloomberg a una enmienda que fortalece la Ley Local 35, que fue promulgada hace casi dos décadas, pero que no ha logrado restringir la subcontratación externa.

La enmienda es la Ley de Rendimiento de Cuentas de Contratación Externa (Intro 624-A), y obliga a un análisis de beneficios de costos a los contratos externos propuestos y existentes. Además, la ley enmendada - que entra en vigor en marzo - hará que el proceso de licitación sea más transparente y permitirá que los empleados públicos compitan por el trabajo.

Un freno a la corrupción

"Este voto pone en su lugar los cheques y los saldos para proteger el dinero de la gente que paga impuestos, así como los servicios públicos y a los dedicados empleados públicos que los brindan", dijo la directora ejecutiva de DC 37, Lillian Roberts, quien durante ocho años ha hecho de la vigilancia de contrataciones una prioridad del sindicato.

"Además, ayuda a salvaguardar de que se repita el contrato de CityTime, que implicó millones de dólares en exceso de costos, fraude y corrupción", indicó.

Las acusaciones federales han culpado a los contratistas de CityTime por defraudar al gobierno de la ciudad utilizando más de $80 millones en el proyecto de pago automático de salario, cuyo presupuesto subió aceleradamente de $63 millones a más de $700 millones en una docena de años.

El director adjunto de DC 37, Henry Garrido, y la directora de Acción Política Wanda Williams, aplaudieron la anulación del veto como una victoria para que haya un buen gobierno.

"La experiencia que han tenido las autoridades de la ciudad con los contratos exigían que el proceso fuera más abierto manifestó Garrido, quien encabeza el esfuerzo sindical sobre subcontrataciones.

El presupuesto de la ciudad para adquisiciones es de más de $10 mil millones anuales, pero la corrupción y la delincuencia en CityTime, así como en otros contratos, demostraron que la administración no ha estado vigilando el dinero público".

"Esta legislación de vigilancia les dará a las organizaciones sindicales una mejor oportunidad de monitorear los contratos y demostrar que nuestros miembros pueden hacer el trabajo con más eficiencia que los trabajadores externos", indicó Williams.

La obligación de ejercer mayor vigilancia requerida por la nueva ley debe ayudar al gobierno citadino a ahorrar dinero en estos difíciles tiempos económicos, indicó la presidenta del Comité de Contratos del Consejo Darlene Mealy el 8 de diciembre, mientras el Consejo se preparaba para votar sobre el veto de Bloomberg.

"Esta legislación es fiscalmente responsable y tiene sentido común. Certificará que el gobierno municipal sopese rutinar amente la necesidad de contratos externos que les cuestan miles de millones de dólares a los contribuyentes cada año", manifestó la vocera del Consejo Municipal, Christine C. Quinn, al abrir el debate sobre la propuesta de ley.

Además de Quinn y Mealy, los concejales Charles Barron, Robert Jackson y James Sanders Jr., presidente del Comité del Trabajo y Servicio Civil, hablaron en favor de la enmienda durante la asamblea del 8 de diciembre, cuando el Consejo estaba tomando en consideración varias propuestas de ley. "Si nuestros empleados pueden hacer el trabajo, deben hacerlo", indicó Sanders.

Promulgada en 1994, la Ley Local 35 se quedó corta en su intención de controlar los costos y proteger a los servidores públicos de ser desplazados cuando el gobierno municipal subcontratara el trabajo.

Investigaciones del sindicato demostraron que el gobierno citadino evadía rutinariamente la obligación de informar si un contrato propuesto desplazaría a los empleados municipales. En 50 mil transacciones contractuales realizadas desde 2005, el gobierno municipal no reconoció ni un solo caso en el que los servidores civiles hubieran sido desplazados.

Protección contra los despidos

Mientras que la ley anterior no daba una definición detallada de desplazamiento, la ley enmendada establece claramente que un desplazamiento incluye cualquier reducción de puestos por deterioro, ceses por recorte, descenso de puesto, substitución o transferencias obligatorias.

La nueva ley añade asimismo a la corporación Health and Hospitals, a la Dirección de Vivienda y al Departamento de Educación como entidades públicas cubiertas por estas reglas de adquisición. Llama a que sean supervisados los contratos de más de $25,000 para un amplio rango de servicios, tales como consultoría técnica, trabajo legal y obtención de servicios de emergencia.

En los últimos años ha salido a la luz la corrupción en varios contratos de información tecnológica y la concejal Letitia James, ex presidenta del Comité de Contratos, planea proponer una iniciativa de ley que incluya la supervisión de contratos sobre información tecnológica.