El gobernador George E. Pataki presentó una escena repetida una y otra vez en Albany, cuando sacó su propuesta de presupuesto de $110.7 billones para el 2006-7. Esa propuesta presupuestal les daría billones de dólares de exenciones de impuestos a los ricos y les robaría billones a los servicios de los que dependen las familias asalariadas y los pobres, como son los de educación, de bibliotecas, de Medicaid y de atención médica pública.

Pataki va a dejarle al estado una deuda de $49.9 billones de dólares: $13 billones más de cuando tomó el cargo hace 12 años.

“Tenemos un superávit de 2 billones de dólares en el estado y de todos modos el gobernador quiere hacer recortes masivos que nos forzarían a hacer menos con menos”, indicó la directora ejecutiva de
DC 37, Lillian Roberts. “Los recortes al presupuesto perjudicarán a nuestros miembros y a la mayoría de los neo-yorquinos”.

El presupuesto nuevamente les daría menos a los niños de las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York, al entregarles unos simbólicos $375 millones en lugar de los $5.6 billones al año para costos operativos y $9.2 billones a lo largo de cinco años para la construcción de escuelas tal como exige la decisión del tribunal de la Campaña por Equidad Fiscal. A la fecha, Pataki ha gastado más de $12 millones de dólares en apelar la decisión de esa campaña, la cual ordena un mejor financiamiento para el millón de estudiantes de la ciudad. El nuevo presupuesto propone agregar 150 escuelas con privilegios regulatorios “charter”, lo cual es una forma de privatización educativa.

“La propuesta de presupuesto para el programa de Compensación por Accidentes Laborales (“Workers’ Comp’”) es parte del plan antisocial de Pataki, dijo la directora de Acción Política, Wanda Williams. “Recortaría pagos compen-satorios a trabajadores lesionados y dejaría que las compañías farmacéuticas y de seguros controlaran al fondo”.

El plan de pensiones “Task Force” propuesto por el gobernador es otra argucia en contra del trabajador que llevaría a poner un Nivel 5, con reducción de prestaciones. El presupuesto para el incentivo de jubilación temprana —restringido a 400 gerentes, incluyendo a muchos funcionarios políticos designados — eliminaría los puestos de trabajo, dejándoles cero oportunidades de ascensos a los miembros sindicales, añadió Williams.