Cerca de 100 mil empleados públicos regresaron al trabajo en Puerto Rico, el 15 de mayo, luego de que un estancamiento político por el déficit fiscal de 740 millones de dólares en la isla condujo a la paralización de la administración pública durante dos semanas.

El 1 de mayo, mientras el gobierno se quedaba sin fondos, el gobernador Aníbal Acevedo Vilá cerraba 43 agencias e imponía un cierre patronal a sus empleados, incluyendo a 26,000 miembros de la AFSCME, la organización sindical matriz de DC 37. A más de 600,000 estudiantes les cerraron sus escuelas públicas, y el ingreso de los negocios cayó rápidamente.

Los largos y peleados meses de la batalla presupuestaria entre el gobernador y la Legislatura dominada por la oposición se resolvieron finalmente el 10 de mayo, en la víspera de lo que amenazaba con ser una huelga general en toda la isla. Culminó en un acuerdo de formar un comité especial de mediación y aceptar sus propuestas.

“Es increíble que hayan permitido que la situación fuera tan lejos”, dijo la directora ejecutiva de DC 37 Lillian Roberts el 5 de mayo, en una conferencia de prensa convocada por los sindicatos de la Ciudad de Nueva York en solidaridad con las familias puertorriqueñas, los estudiantes y los trabajadores con licencia. Estuvo acompañada por el vicepresidente de la Local 372, Santos Crespo, y por un entusiasta grupo de activistas.

“No hay cabida para políticos facciosos a expensas de las familias asalariadas. Están jugando con los trabajos de la gente, con su seguridad y su educación”, dijo Roberts.

En asamblea en Washington, D.C., durante la primera semana de paralización de operaciones, la Junta Ejecutiva Inter-nacional de la AFSCME condenó a los políticos isleños por “poner por delante la política facciosa antes de sus respons-abilidades ante los ciudadanos de Puerto Rico”.

Su resolución del 5 de mayo llamaba a los líderes de Puerto Rico a que aprobaran un préstamo de emergencia para restaurar los servicios vitales y permitirles a los trabajadores regresar inmediatamente a sus trabajos y aprobar reformas de impuestos para garantizar el pago del préstamo.

Luego de una semana de man-ifestaciones conducidas por los gremios sindicales en San Juan, el gobernador Acevedo y la Legislatura finalmente aceptaron un plan presupuestario recomendado por el comité especial. El plan pide un préstamo de emergencia de 740 millones de dólares —respaldado por el primer impuesto sobre ventas de la isla— para cubrir el hueco fiscal y pagar a los trabajadores del gobierno hasta el 30 de junio. Para finales de junio se vencen cerca de 34 contratos colectivos de trabajo. “Tenemos que estar vigilantes”, dijo el organizador de la AFSCME José La Luz. “Y asegurarnos de que el 1 de julio nuestros miembros tengan estabilidad del empleo”.

— Alfredo Alvarado