Por ALFREDO ALVARADO

Ante la amenaza del gobernador de Puerto Rico Luis Fortuño de despedir a 30 mil empleados públicos el 1 de julio, las organizaciones sindicales del continente y de la isla cerraron filas en una muestra de solidaridad que evitó los ceses masivos. Muchos de esos trabajadores son miembros del Consejo 95 de la AFSCME, el sindicato nacional de DC 37.

“Esto es una victoria increíble”, dijo Edgar deJesús, director interino de Organización de DC 37. “la AFSCME desempeñó un papel crucial para los trabajadores y para el pueblo de Puerto Rico, al evitar estas suspensiones”.

Además de los devastadores despidos, el gobernador Fortuño había planeado suspender los contratos colectivos de trabajo entre el gobierno y el sindicato de los empleados. En marzo, el gobernador introdujo la Ley Pública 7, que declaraba un estado de emergencia fiscal en la isla y que le permitía suspender los contratos durante dos años.

“El gobernador de Puerto Rico debe respetar los contratos de trabajo”, manifestó el concejal municipal John Liu el 17 de junio en una conferencia de prensa en el Consejo Municipal que se realizó para mostrar apoyo a los trabajadores puertorriqueños. “La Ley Pública Número 7 fomenta la privatización masiva, forzando a los trabajadores a soportar las penurias. Esta perspectiva no contribuye a la prosperidad del pueblo a largo plazo”.

La conferencia de prensa reunió a sindicalistas de DC 37, de Obreros Automotrices Unidos (United Auto Workers), del sindicato 1199 SEIU, y de la Sección de la Ciudad de Nueva York del Consejo por el Progreso Latinoamericano. El vicepresidente Braulio Torres vino de Puerto Rico en representación del Consejo 95, que incluye a miembros que trabajan en escuelas y correccionales de la isla.

“Estamos muy orgullosos de haber recibido el apoyo de tantos hermanos y hermanas aquí en Nueva York”, expresó.

Asimismo, los voceros de la conferencia de prensa presentaron una resolución ante el Consejo Municipal en apoyo a los sindicatos del sector público de Puerto Rico.

La directora ejecutiva de DC 37, Lillian Roberts, expresó su solidaridad con los agremiados sindicales de la isla. “El daño a los trabajadores de Puerto Rico es un daño a todos los trabajadores”, dijo Roberts.