Los trabajadores del sector público de Puerto Rico celebraron este 17 de mayo una importantísima victoria, cuando el gobernador republicano Luis Fortuño firmó una ley que reinstala sus derechos de negociar colectivamente.

En 2009, utilizando como excusa una "emergencia fiscal", Fortuño presionó para aprobar la infortunadamente famosa Ley 7, que suspendió la negociación colectiva, después de lo cual despidió a miles de empleados del gobierno.

La legislatura de Puerto Rico aprobó la nueva ley por abrumadora mayoría de votos, luego de que, ante las penurias creadas por la Ley 7, el movimiento laboral respondió con una campaña que incluyó el apoyo de una amplia coalición de estudiantes y de otras agrupaciones, así como manifestaciones masivas de hasta 100 mil personas y una huelga general de un día.

La ley de 2011 restaura el derecho de "negociar los aspectos económicos que les harán justicia a los trabajadores y a sus familias", dijo la presidenta de Servidores Públicos Unidos (SPU), Concilio 95, Annette González.

SPU es una filial de la Federación Americana de Empleados Estatales, de Condados y Municipios, que es el sindicato nacional de DC 37, y representa a 15 mil empleados gubernamentales en 12 agencias de la isla. La nueva ley afecta también a casi 8,000 trabajadores de cafetería de escuelas públicas que están afiliados al Sindicato Local 2396 de Trabajadores Automotrices Unidos. SPU fue fundado en 1995 como resultado de una campaña de organización sindical sin precedentes, que atrajo a muchos activistas sindicales del país a la isla para ayudar en ese esfuerzo.

"Ésta es una victoria increíble para los trabajadores del sector público", dijo el presidente del Sindicato Local 372, Santos Crespo, quien pasó casi dos años en Puerto Rico trabajando en la campaña organizativa.

"La ley 7 demostró que no podemos dar por hechas nuestras victorias. Siempre tenemos que estar vigilantes y listos para proteger nuestros intereses"' manifestó Crespo. "La nueva ley nos demuestra que podemos movilizarnos y ganar".