“¡Nueva York es nuestra casa!”, gritaron 7,000 activistas de derechos de vivienda de DC 37 y de una coalición de 90 sindicatos, políticos, residentes y abogados que marcharon el 23 de mayo desde Stuyvesant Town hasta Union Square, en una manifestación por vivienda a precio accesible.

“Son millones los neoyorquinos que no pueden pagar un lugar digno para vivir”, expresó la directora ejecutiva del DC 37, Lillian Roberts. “La situación es desesperada”.

La campaña para exigir que los gobiernos estatal y federal actúen para preservar la vivienda accesible para los residentes de la ciudad de Nueva York fue organizada por grupos de abogados de Inquilinos y Vecinos y de ACORN, incluyendo también al Consejo Laboral Central, a miembros del Ayuntamiento de la Ciudad, a legisladores estatales y sindicatos.

Los marchistas formaron una cadena humana alrededor del complejo de viviendas en el lado este de la calle 14. Stuyvesant Town fue construido por la compañía Metropolitan Life Insurance y, al regreso de los soldados de la Segunda Guerra Mundial, representó un bastión de la vivienda a precio accesible para la clase media blanca de la ciudad. A principios de este año, fue vendido a $5.4 billones.

Rentas aumentan
La venta de este complejo de 110 edificios que ocupaba 80 acres — incluyendo Peter Cooper Village — es otro temblor en el sísmico cambio de la Gran Manzana de clase trabajadora a clase alta. En la última década, miles de apartamentos de renta regulada donde alguna vez vivieron maestros, transportistas, oficinistas de la policía y oficiales, enfermeras y contadores, han sido permanentemente remodelados como viviendas lujosas. Cerca de 800 miembros de DC 37 viven en Stuyvesant Town.

El auge de construcciones en la Gran Manzana ha creado miles de residencias millonarias desde Battery Park hasta Harlem. Pero menos del 3% de las nuevas unidades tiene un precio accesible para los trabajadores. Mientras que —según un reciente anuncio— la renta de un apartamento de dos recámaras en Cooper Village rebasaba los $4,600 al mes para los recién llegados, las masas de manifestantes exigían alternativas más accesibles en lugar de ser desalojados de sus casas por los altos precios.

La encendida y amigable multitud coreaba: “No hay piedad, no hay vergüenza, esta ciudad no es ya nuestra residencia” (“What a shame, what a pity, we can’t live in New York City”), mientras se preparaba para marchar rumbo a Union Square. La campaña “Nueva York es NUESTRA casa” luchará por preservar la encogida dotación de viviendas de precio accesible, y por proteger la vivienda para los ancianos, los discapacitados y las personas con Sida.

Nueve días antes, el 15 de mayo, cerca de 2,000 residentes de viviendas públicas — incluyendo a los miembros del DC 37 que ocuparon dos autobuses — viajaron desde todas partes del país para ir a marchar a Washington. En demanda de una mayor asistencia federal para construcciones de vivienda pública, los manifestantes mostraron letreros que decían: “Unidos permanecemos, divididos, nos desalojan”. Así, exigieron al Congreso que revierta la reducción que durante ocho años ha habido en el financiamiento federal para la preservación y la operación de vivienda pública.

Vivienda: un asunto de derechos humanos
Poco después de que la corporación internacional de bienes raíces Tishman-Speyer, se apoderara de Stuy Town, los constructores pusieron en su mira a Starret City, un complejo de 46 edificios extendidos en 140 acres de la frontera entre Brooklyn y Queens. Pero el plan de comprar y privatizar el complejo de 5,880 apartamentos —una de las más grandes construcciones con subsidio federal desarrolladas en los años 70 — fue desechado en parte debido a la intervención del Departamento Federal de Desarrollo Urbano y Vivienda y por DC 37, así como por el concejal de la ciudad Charles Barron — quien representa a esa comunidad — y por otros legisladores que se interpusieron y bloquearon la venta. En Starrett viven 500 trabajadores miembros de DC 37.

“La crisis de la vivienda es uno de los mayores problemas de nuestra ciudad” indicó la vocera del Ayuntamiento de la Ciudad, Christine Quinn. La ciudad de Nueva York ha perdido 25 mil unidades Mitchell-Lama y miles de subsidios de la Sección 8 en los últimos años.

“La vivienda es un asunto de derechos civiles”, expresó el Asambleísta Keith Wright, quien participó en el acto con los manifestantes, con el contralor William Thompson, con la abogada pública Betsy Gotbaum y con el presidente del condado de Manhattan Scott Stringer, entre otros. Juntos, convocaron a los legisladores de Albany a que actúen ahora y rechacen la ley Urstadt para dejar que la Ciudad de Nueva York controle sus propias regulaciones de rentas. Con Eliot Spitzer como gobernador, muchos dirigentes Demócratas esperan que, en las elecciones de 2008, un cambio de largo alcance en Albany respecto a la ley sobre vivienda y otros problemas “estén a una distancia de sólo dos asientos más”.